¿Qué es el Proyecto GEF SBAP?

Chile alberga una biodiversidad única a nivel global, con un alto grado de endemismo y una gran variedad de ecosistemas marinos, terrestres, costeros e insulares. Las regiones central y sur, son consideradas entre los 35 hotspots de biodiversidad a nivel global. Sin embargo, esta riqueza natural enfrenta graves amenazas, como la pérdida de hábitat, el cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras. En respuesta a estos desafíos, el Ministerio del Medio Ambiente, con apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, Global Environment Facility) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), implementa el proyecto “Fortaleciendo la coordinación interinstitucional para la transversalización de la biodiversidad en las políticas públicas nacionales, regionales y locales”, también conocido como GEF SBAP.

Este proyecto tiene como objetivo apoyar la implementación y puesta en marcha del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), creado por la Ley 21.600, promulgada en 2023. Este nuevo servicio unifica la administración de todas las áreas protegidas del país —marinas, terrestres, públicas y privadas— y promueve la conservación de la biodiversidad más allá de estos territorios, integrando instrumentos innovadores y articulando a múltiples actores públicos y privados.

Con una duración de 5 años (2024–2029), el proyecto contribuirá a mejorar la coherencia institucional y política para la gestión de la biodiversidad, fortalecerá las capacidades técnicas a nivel nacional y regional, y promoverá experiencias piloto de conservación integradas en ecosistemas clave.

Componentes del Proyecto GEF SBAP

1. Fortalecimiento de marcos políticos y regulatorios para la conservación de la biodiversidad

A través de este componente, se busca lograr coherencia institucional y política mediante la elaboración e implementación de normativas e instrumentos técnicos que fortalezcan la gobernanza de la biodiversidad. 

Acciones: 

  • Apoyo a la implementación de los 21 cuerpos reglamentarios de la Ley 21.600 (Ley de Naturaleza). 
  • Elaboración de políticas, estrategias, guías, protocolos y policy briefs. 
  • Creación de mecanismos de gobernanza interministerial y territorial (consejos, comités). 
  • Armonización de instrumentos de conservación (planes de manejo, monitoreo, homologación de categorías de áreas protegidas, etc.). 
  • Inclusión de criterios ambientales en instrumentos de fomento productivo. 

Se busca mejorar las capacidades institucionales y la interoperabilidad de la información ambiental, para una gestión más efectiva e inclusiva. 

Acciones: 

  • Programas de capacitación para gestores públicos y privados, con enfoque de género e interculturalidad. 
  • Cooperación nacional e internacional para compartir experiencias y fortalecer capacidades. 
  • Estrategias de gestión del conocimiento y transferencia de información. 
  • Desarrollo de un sistema de información accesible para funcionarios, ciudadanía y comunidades indígenas, en línea con el Acuerdo de Escazú. 
  • Inclusión activa de pueblos indígenas mediante facilitadores y contenidos culturalmente pertinentes. 

Aplicar y validar instrumentos de planificación y conservación en paisajes demostrativos, generando modelos replicables de gobernanza y gestión integrada. 

Acciones: 

  • Implementación de mecanismos para aplicar instrumentos armonizados en clústeres de áreas protegidas, con enfoque marino-terrestre, de género y de interculturalidad. 
  • Incorporación de instrumentos de conservación en planes de desarrollo territorial regional y local. 
  • Ejecución de pilotos con sectores productivos, como turismo, silvoagropecuario y pesca, promoviendo buenas prácticas y criterios ambientales. 
  • Participación activa de comunidades indígenas en la cogestión y planificación. 
  • Sistematización de lecciones aprendidas para replicar los enfoques a nivel nacional. 

Género y pueblos originarios

El proyecto opera con enfoque de género y de pueblos originarios, a través del Plan para los Pueblos Indígenas (IPP) y el Plan de Acción de Género (GAP), los cuales son aplicados de forma transversal en todos sus componentes.